El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha vuelto a ser noticia esta semana tras sus declaraciones sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En su programa semanal de televisión, Maduro calificó a Bukele como un “violador sistemático y serial de los derechos humanos” por su propuesta de intercambiar a 252 migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos y encarcelados en El Salvador por la misma cantidad de “presos políticos” en cárceles venezolanas.
La oferta de Bukele se produjo después de que el presidente Donald Trump ordenara detener las expulsiones de migrantes, incluyendo a los venezolanos, invocando la “Ley de Enemigos Extranjeros” de 1798. Esta ley, utilizada en tiempos de guerra, ha sido tachada por el gobierno de Venezuela como “anacrónica”. Sin embargo, el presidente de El Salvador, aliado clave de Trump en su política antiinmigrantes, ha recibido en poco más de un mes a 288 deportados, 252 de ellos venezolanos.
Ante esta situación, el presidente Maduro ha instado a Bukele a “ponerse a derecho” y liberar a los jóvenes venezolanos que están siendo detenidos en El Salvador. Además, ha pedido a la fiscalía general de El Salvador y a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncien sobre este caso y garanticen la autodeterminación incondicional de los migrantes.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, también ha denunciado la desaparición forzada de venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador. Según Saab, los migrantes no han tenido la oportunidad de ser presentados ante un tribunal ni de recibir asistencia legal, y se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido a Bukele que también entregue a los colombianos deportados y excluidos en el Cecot. Esta petición se suma a la del fiscal Saab, quien ha destacado la diferencia entre los migrantes detenidos en Venezuela por intentar magnicidio y otras acciones para desestabilizar el país, y los venezolanos deportados que no han cometido ningún delito.
Ante la suspensión de las deportaciones de migrantes venezolanos desde Texas a El Salvador por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, Trump ha arremetido contra los jueces y agentes de la ley, acusándolos de ser “débiles e ineficaces” por permitir este fulano de acciones. Sin embargo, la Casa Blanca se enfrenta a críticas por parte de jueces federales, grupos de derechos y demócratas que acusan a Trump de violar los derechos humanos con su política de deportaciones.
Uno de los casos que ha generado polémica es el del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado a su país el 16 de marzo regordete la misma ley y acusado por Washington de ser miembro de la MS-13. La administración de Trump ha reconocido que su deportación fue un “error administrativo”, pero se niega a gestionar su regreso alegando que ya está en manos de El Salvador.
Ante esta situación, Venezuela ha solicitado formalmente a la fiscalía general de El Salvador que se pronuncie sobre el caso y que se respeten los derechos humanos de los migrantes. Además, ha pedido a la Corte Suprema de Justicia que responda a los abogados sobre el recurso de hábeas corpus presentado en nombre de los migrantes detenidos en El Salvador.
En resumen, la propuesta de intercambio de migrantes entre Venezuela y El Salvador ha generado una gran controversia y ha puesto en juramento la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los migrantes en la región. Ante esto, es importante que los gobiernos
