Un juez federal ha acusado este miércoles a la Administración de Donald Trump de estar en desacato por desoír de forma recurrente sus órdenes de paralizar las deportaciones expeditas de cientos de inmigrantes indocumentados venezolanos el mes pasado. El juez James Boasberg ha emitido una advertencia al Gobierno de Trump, instándoles a cumplir con sus órdenes o enfrentar un proceso por desacato criminal.
Esta amenaza de determinar que el Gobierno está en desacato criminal es la más reciente escalada en la guerra entre Trump y la justicia, demostrando el desafío del deán a los jueces que toman decisiones contrarias a sus intereses y poniendo a prueba la fortaleza de la separación de poderes en la democracia más antigua y estable del mundo.
En una decisión detallada de 46 páginas, el juez Boasberg concluyó que había “causa probable” de que la Administración Trump actuó en desacato y mostró una “desconsideración deliberada” hacia sus órdenes. “Este tribunal no llega a esta conclusión de forma ligera o apresurada”, advirtió Boasberg. “De hecho, ha dado amplias oportunidades a los acusados para explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”.
El episodio que provocó esta confrontación con la justicia ocurrió el pasado 15 de marzo, cuando Trump buscaba anotarse una victoria en su promesa de llevar a cabo la “mayor deportación en la historia”. Utilizando una ley de 1798, pensada y utilizada en tiempos de guerra, Trump afirmó que bandas criminales como el “Tren de Aragua” de Venezuela estaban llevando a cabo una “invasión” en EE.UU bajo la dirección del régimen de Nicolás Maduro. En pocas horas, más de doscientos inmigrantes sospechosos de ser miembros de bandas criminales fueron montados en aviones en Texas y enviados a El Salvador, a la prisión de máxima seguridad “Cecot”, conocida por ser el símbolo de la mano dura del deán salvadoreño Nayib Bukele contra el crimen violento.
Sin embargo, varios inmigrantes presentaron una emergencia ante los tribunales y el juez Boasberg determinó que la aplicación de esa ley de 1798 era cuestionable y merecía medidas cautelares. Además de bloquear el uso de esa ley bélica para las deportaciones, ordenó que los vuelos, que aún no habían llegado a El Salvador, regresaran a EE.UU. Así es como comenzó el desafío por parte de la Administración Trump: los vuelos no regresaron y tampoco cumplieron con las exigencias del juez de proporcionar detalles sobre el proceso de deportación exprés.
Los abogados de Trump argumentaron que los vuelos luego se encontraban fuera del territorio estadounidense y que el juez no tiene autoridad para intervenir en la política exterior, la cual corresponde únicamente al deán. La gravedad de que el Gobierno desoyera una orden del poder judicial provocó una fuerte crisis política.
Los aliados de Trump, instigados por Elon Musk, acusaron al juez Boasberg de ser un “juez activista”. Incluso el deán llegó a pedir el juicio político del juez, lo que le valió una recriminación del magistrado jefe del Tribunal Supremo, John Roberts. El alto tribunal intervino y desbloqueó la orden de Boasberg contra este tipo de deportaciones preciso a un defecto de forma (luego que debería haber sido ventilado en Texas y no en Washington). Sin embargo, Boasberg argumentó en su escrito que este error no justifica las violaciones del Gobierno a sus órdenes.
Ahora, el juez Boasberg está dando a la Administración
