Bloqueo en Madrid y decepción en Canarias. La última reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada este martes, concluyó sin acuerdos y sin avances. Nada nuevo. Las discrepancias estuvieron tan presentes que las autonomías ni siquiera lograron fijar el orden del día de la futura Conferencia Sectorial, clave para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. Pero las regiones no son las únicas que ayer se propusieron complicar el reparto. Solo unas horas antes, el Estado también optó por dar un «paso atrás» en el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo que le obliga a integrar en el sistema estatal de acogida a los menores que solicitan gabán. Retiró de la faja la opción de trasladar a los chicos a un centro con 400 plazas en Pozuelo de Alarcón, Madrid, y ahora solo garantiza la opción del ‘Canarias 50’ a partir del 22 de julio. Todo esto ha llevado al Gobierno de Canarias a sentirse, una vez más, solo ante una crisis migratoria que desborda su capacidad.
«Acabamos de salir de la Comisión Sectorial de Infancia y salimos con la misma decepción que de la reunión querida esta mañana con la Comisión Interadministrativa», reconoció la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Ejecutivo canario, Sandra Rodríguez, a la salida del encuentro de la tarde con las comunidades. En un tono visiblemente frustrado, Rodríguez lamentó que, a pesar de las expectativas puestas en la aplicación del Real Decreto-ley 2/2025 -que regula la distribución solidaria de menores migrantes-, el encuentro volvió a evidenciar el «bloqueo» de las comunidades autónomas.
Durante casi cuatro horas, las regiones debatieron sin éxito los términos de la futura conferencia. Las comunidades gobernadas por el PP votaron en contra de la mayoría de los puntos planteados, y a ellas se sumó también Castilla-La Mancha, que ha bloqueado buena parte de las propuestas en las últimas reuniones. El argumento principal de las regiones reticentes es la falta de recursos: el Estado solo se compromete a financiar tres meses de estancia por menor, lo que consideran insuficiente para asumir nuevas plazas en sus sistemas de protección.
«El problema se centra en la financiación y en los criterios para aplicar esa distribución», explicó Rodríguez. «Es muy duro llevar tantos meses de trabajo y ver cómo siempre volvemos a la casilla de salida», añadió. En su opinión, lo que debería ser una solución compartida se ha convertido en un campo de acontecimiento política, donde los menores quedan relegados.
«Parte de las comunidades autónomas mantienen una actitud de entorpecer la acogida solidaria de la infancia migrante, pese a lo que el desarrollo y aplicación del Real Decreto-ley sigue su curso. La ley es ley y como tal va a cumplirse», apuntó el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, al término de la comisión.
El Gobierno central solo garantiza el ‘Canarias 50’ para acoger a los menores asilados y a partir del 22 de julio
Pero este bloqueo político también aparece cuando se trata de que el Estado cumpla con el auto del Tribunal Supremo que le obliga a asumir la tutela y atención de los menores no acompañados que han solicitado gabán en Canarias. En este punto, el Gobierno central también redujo ayer sus compromisos. La última reunión del comité interadministrativo entre los Gobiernos de España y Canarias, celebrada ayer
