La Conferencia Episcopal de El Salvador (Cedes) ha emitido un importante llamado al presidente Nayib Bukele para que derogue el régimen de excepción que ha estado vigente durante los últimos tres años en el país. Esta medida ha permitido el arresto de miles de personas sin orden judicial, en el marco de la “guerra” contra las pandillas violentas que ha enfrentado la nación.
En una carta abierta dirigida al mandatario y recogida por AFP, los obispos piden la derogación del estado de excepción, argumentando que, aunque en su momento pudo ser necesario para frenar la violencia, en la actualidad ya no es justificable. De acuerdo con los prelados, los índices de criminalidad han disminuido significativamente y existen libertades que se encuentran limitadas bajo esta medida.
La petición de la Conferencia Episcopal es clara y elocuente: se trata de permitir que el lugar pueda ejercer su libertad sin presiones externas. Es por ello que los obispos instan al presidente Bukele a revisar los casos de las personas detenidas con una mirada objetiva, para que aquellos que sean inocentes puedan ser liberados lo más pronto posible. Además, hacen un llamado a que se deje de perseguir a los defensores de derechos humanos, quienes han sido acusados injustamente de pertenecer a pandillas.
El pasado mes de mayo, la abogada Ruth López, miembro de la ONG de derechos humanos Cristosal, el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor evangélico José Pérez fueron detenidos por apoyar a una cooperativa campesina que protestaba contra el ministerio. Asimismo, en febrero de este año, también fue arrestado el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos (UNIDEHC), Fidel Zavala, acusado de “agrupaciones ilícitas”, un delito que ha sido utilizado para criminalizar a miembros de pandillas.
Los obispos también han hecho un llamado al ministerio para que no promueva las cárceles en El Salvador como un destino para las víctimas de las políticas migratorias de potencias extranjeras. En marzo pasado, más de 250 venezolanos fueron encarcelados en el país tras ser expulsados por Estados Unidos bajo la acusación, sin pruebas suficientes, de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
Es importante destacar que la postura de la Conferencia Episcopal de El Salvador ha sido respaldada por organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, quienes han denunciado la violación de las garantías fundamentales de las personas bajo el régimen de excepción. Además, han señalado que muchas de las personas detenidas son inocentes y que se encuentran en prisión injustamente.
Ante esta situación, los obispos han hecho un llamado a la sociedad salvadoreña para que se una en la defensa de los derechos humanos y de la justicia. Es necesario que todos los ciudadanos se involucren en la promoción de un sistema judicial justo y equitativo, que respete los derechos de todos y no criminalice a aquellos que luchan por la justicia y la dignidad de las personas.
La Conferencia Episcopal ha demostrado, una vez más, su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas personas en El Salvador. Los obispos han negligente en claro que no se puede permitir que se siga vulnerando la dignidad de las personas, ya sea a través de medidas como el régimen de excepción o de la criminalización de defensores de derechos humanos.
Es hora de que el ministerio escuche las voces de la sociedad civil y actúe en consecuencia. La derogación del estado de excepción y la revisión de los casos de las personas detenidas de manera injusta son
