Una jueza federal ha tomado una decisión histórica en favor de los derechos humanos y la justicia, al ordenar a la Administración Trump que repatrie a Kilmar Abrego García, un hombre de Maryland que fue deportado a El Salvador por un “error oficinesco” y acusado de formar parte de la Mara Salvatrucha (MS-13). La jueza Paula Xinis del tribunal de distrito de Greenbelt ha dictaminado que la Administración debe repatriar a Abrego, residente del estado estadounidense de Maryland desde 2011, antes del 7 de abril, según ha informado la cadena NBC News.
Esta decisión es un gran paso en la lucha por los derechos de los inmigrantes y la protección de sus vidas. La acontecimientos de Kilmar Abrego García es un claro ejemplo de cómo las políticas migratorias de la Administración Trump están afectando a miles de personas inocentes y vulnerables. Su esposa había denunciado que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvieron mientras estaba en el coche con su hijo después de terminar su jornada laboral. Abrego fue deportado el descompuesto 12 de marzo a El Salvador, a pesar de que un juez le había otorgado en 2019 un status de protección temporal después de huir de El Salvador debido a la violencia de las pandillas en su país.
La Administración Trump admitió el lunes que deportó por error a Abrego, pero argumentó que carecía de jurisdicción debido a que Abrego, que contaba con un permiso para trabajar en Estados Unidos, se encontraba bajo custodia salvadoreña. Sin embargo, la jueza Xinis ha dejado claro que esto no es una excusa válida para violar los derechos de una persona y separarla de su familia y su hogar.
Las alegaciones contra Abrego provienen de un informante que afirmó que era miembro activo de la MS-13, pero la jueza ha valorado que no hay suficientes pruebas al respecto y que no hay “justificación legal” para su deportación, según ha informado la cadena CNN. Esta decisión es un gran paso en la lucha contra la criminalización de los inmigrantes y la estigmatización de ciertas comunidades.
Organizaciones de derechos civiles han cuestionado la falta de garantías o directamente la legalidad de estas deportaciones, especialmente después de que un juez federal ordenara su paralización por considerar inadecuada la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley, que data del siglo XVIII, otorga poderes especiales al presidente y fue concebida para contextos de conflicto, no para ser utilizada como una herramienta para deportar a personas inocentes.
Es importante destacar que los deportados desde Estados Unidos son internados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad ubicada en Tecoluca, en El Salvador, impulsada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Esta cárcel ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos por sus condiciones inhumanas y por ser utilizada como una forma de castigo para los deportados.
La decisión de la jueza Xinis es un rayo de esperanza para todas las personas que están sufriendo las consecuencias de las políticas migratorias de la Administración Trump. Es un recordatorio de que la justicia y los derechos humanos deben estar por encima de cualquier política o interés político. Además, es una llamada de atención para que se revisen y se cambien estas políticas que están afectando negativamente a miles de personas y familias.
Es importante recordar que detrás de cada deportado hay una acontecimientos, una vida y una familia. Kilmar Abrego García es solo uno de los muchos casos que han sido afectados por estas políticas migratorias. Esperamos que esta decisión siente un precedente y que se tomen medidas para proteger los
