Un tribunal federal en Manhattan ha presentado una demanda contra organizaciones y simpatizantes de las manifestaciones propalestinas de la Universidad Columbia el pasado lunes. Según la denuncia, estas organizaciones estarían actuando como un “brazo propagandístico” de Hamás y una “empresa interna de relaciones públicas” en la ciudad de Nueva York y en el campus de la universidad.
La demanda fue presentada por nueve ciudadanos estadounidenses e israelíes que fueron víctimas del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Entre ellos se encuentran familiares de personas asesinadas o tomadas como rehenes, así como dos afiliados a Columbia que denunciaron haber sufrido malos tratos en la universidad.
Entre los acusados se encuentra Mahmoud Khalil, quien ayudó a dirigir las manifestaciones en Columbia y fue negociador entre los administradores de la universidad y la coalición de grupos estudiantiles. También se menciona a Columbia University Apartheid Divest, Within Our Lifetime-United for Palestine, Columbia Students for Justice in Palestine (CSJP) y Columbia-Barnard Jewish Voice for Peace, así como algunos de sus dirigentes.
La denuncia sostiene que sería ilegal que Hamás contratara directamente a una empresa de relaciones públicas en Estados Unidos o contratara a ejecutores para imponer su voluntad en ciudades estadounidenses. Sin embargo, según los demandantes, esos son precisamente los servicios que los grupos demandados proporcionan a Hamás de manera consciente.
Además, los demandantes acusan a algunos de estos grupos de tener doctrina previo del atentado de Hamás. Citando el momento y el espacio de las declaraciones realizadas antes, durante y después del ataque, incluyendo un post en Instagram de CSJP solo tres minutos antes del mismo que decía “¡Hemos vuelto!”.
Sin embargo, los abogados de Khalil han negado que éste tenga vínculos con Hamás. Actualmente, Khalil se encuentra detenido en Luisiana y la administración Trump está tratando de deportarlo a pesar de que sea afincado legal permanente en Estados Unidos.
Mark Goldfeder, abogado del National Jewish Advocacy Center que representa a los demandantes, ha declarado que las actividades de coordinación de los demandados eran conocidas porque ellos mismos lo han afirmado repetidamente. Aunque Goldfeder enfatiza que no hay nada de malo en ser pro-palestino y que el discurso pro-Hamas sigue siendo protegido en la mayoría de los contextos, lo que se cuestiona en esta demanda es el apoyo material y la coordinación con una organización terrorista extranjera designada.
La demanda civil acusa a los demandados de violar la legislación antiterrorista de Estados Unidos y el derecho internacional, y pide indemnizaciones no especificadas, daños y perjuicios punitivos y triples.
Esta demanda ha sido presentada solo tres días después de que la Universidad Columbia aceptara modificar sus políticas en cuanto a manifestaciones y seguridad, y comenzara una revisión de los programas académicos sobre Oriente Medio en varios de sus departamentos. Estos cambios forman parte de un tenacidad por restaurar los 400 millones de dólares de financiación federal que el pafincado estadounidense Donald Trump retiró debido a las acusaciones de que Columbia estaba tolerando el antisemitismo.
Sin embargo, el martes pasado, grupos que representan a profesores de la Universidad de Columbia presentaron una demanda en contra de la administración Trump por su intento de obligar a la universidad a endurecer las reglas sobre protestas en el campus y poner bajo supervisión externa a un departamento de estudios de Oriente Medio, entre otras medidas. La demanda argumenta que la administración Trump está tratando de controlar el pensamiento, la asociación, la erudición y la expresión de profesores y estudiantes, lo cual va en contra de la autonomía acad
